Campaña Somos Dignidad: “A medida que se desescala el conflicto armado, mayor es la represión estata

A un año del asesinato del líder social Carlos Pedraza, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos se dieron cita ayer martes 19 de enero frente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar la impunidad en que se halla el caso. Entre los convocantes estuvo la Campaña Somos Dignidad, que toma éste y otros casos de persecución al movimiento social como emblemas para amplificar la denuncia e impulsar la solidaridad.

“Desde la Campaña Somos Dignidad consideramos que cualquier caso en el que se vulnere el derecho legítimo a denunciar, a pensar diferente, a organizarse y a protestar, es un atentado contra la democracia y un obstáculo a la paz”, expresa Nicolás Jiménez, defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP- y uno de los dinamizadores de la campaña, que incluye además a abogados y familiares de jóvenes criminalizados por la justicia.

C. I.: El asesinato de Carlos Pedraza fue del primer hecho grave contra el movimiento social en 2015. A un año, ¿qué se esclareció respecto a los autores y al móvil de ese crimen?

Nicolás Jiménez: Hasta el momento no se han esclarecido los hechos. Ha sido un proceso muy difícil, con muchos obstáculos, irregularidades y ambigüedades generadas por los organismos estatales, que no han mostrado mucha voluntad de avanzar en el esclarecimiento. Gracias al apoyo de diferentes organizaciones de derechos humanos, el caso logró trasladarse a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, pero desafortunadamente los avances han sido muy pocos. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, sentimos que ha sido un año de impunidad y esperamos que pronto haya justicia.

C. I.: Algunos analistas afirman que en la medida en que se desescale el conflicto armado, se incrementará la persecución del Estado y de los paramilitares a los sectores sociales movilizados. ¿Desde la Campaña Somos Dignidad, comparten ese análisis?

N. J.: Sí, lo compartimos completamente. No solo ahora sino desde hace décadas, la guerra más agresiva en Colombia ha sido la que el Estado colombiano ha desarrollado contra los sectores populares en materia social, ambiental, política y económica. Los sectores sociales son los que más han sufrido con el conflicto que estamos viviendo y el gobierno colombiano aún no muestra voluntad política para abrir una mesa de diálogo con ellos. Por el contrario, impone políticas cada vez más represivas que tienden a criminalizar las acciones colectivas que estos sectores emprenden para reclamar sus derechos. Como no existe una relación directa entre el desescalamiento del conflicto, que el Gobierno entiende meramente como la dejación de las armas por parte de la insurgencia, y el avance en materia social y política, los conflictos sociales seguirán agudizándose. Un ejemplo es la reciente venta de Isagen por parte del “presidente de la paz”. Si bien los procesos de paz que se están llevando acabo son importantes para la superación del conflicto, no son suficientes. La persecución por parte del Estado y el paramilitarismo sigue vigente, y a medida que avanza el desescalamiento del conflicto armado mayor es su impacto en la sociedad. Según cifras de Somos Defensores, en el 2015 se duplicaron las agresiones a defensores de derechos humanos y líderes sociales.

C. I.: ¿Qué otros casos, además del de Pedraza, consideran especialmente graves, durante el año que pasó?

N. J.: Casos como el de los 13 jóvenes criminalizados en el marco de una protesta, la detención del líder indígena Feliciano Valencia y del profesor Miguel Ángel Beltrán, de los seis jóvenes y un menor de edad detenidos en Lebrija, de los campesinos líderes sociales Matilde y Otoniel capturados en diciembre en el Cesar y de muchos otros hombres y mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas, que sueñan con un país donde se pueda vivir dignamente y se respeten los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación, deben ser visibilizados. El mayor afectado han sido los sectores sociales y los familiares y amigos de aquellos que han sufrido directamente algún tipo de agresión política creemos que el silencio no es la solución y por eso consideramos que este año el movimiento social tiene que estar más unido que nunca contra la persecución y por defensa de nuestro legítimo derecho a participar y a decidir el futuro de nuestro país. El año pasado fue un año difícil, este trae muchos retos en materia de derechos humanos y justicia social.

C. I.: Cuáles creen que serán las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos de cara al periodo del posacuerdo tras las negociaciones del gobierno con las guerrillas?

N. J.: Que se hagan efectivos los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto debe conllevar un proceso en el que la sociedad participe directamente pero además que se realice un proceso de desmonte de las estructuras paramilitares que siembran el terror a lo largo y ancho del país, principalmente contra campesinos, indígenas, sindicalistas y demás sectores del movimiento social. En el país no hay garantías de participación política ni de respeto a los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos tienen propuestas de protección que han sido ignoradas por el Gobierno a pesar de que exista la Unidad Nacional de Protección. Pero la protección no es sólo correctiva sino que debe ser preventiva y para esto se deben producir cambios estructurales que a futuro desmonten las estructuras que llevan a cabo este tipo de acciones en detrimento se los sectores sociales.